A continuación les dejamos el artículo «A modo de introducción y justificación. ‘Fuera de campo'» de nuestra primera publicación Historia reciente y violencia política, «Lucha armada en la Argentina», la revista, Tiempo robado editoras, Santiago, 2013, 228 págs.
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A MODO DE INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. «FUERA DE CAMPO»
Gloria Elgueta y Claudia Marchant
En el primer número de la revista Lucha Armada en la Argentina, los editorialistas señalaban la escasez de la producción intelectual sobre las organizaciones revolucionarias como síntoma de una “inapelable derrota política que dejó su impronta en el campo de la historiografía y la reflexión”. Por esta razón, agregaban, aquellas experiencias seguían esperando una revaluación histórica que evitara por igual “la complacencia o la denigración, la épica o la demonización”. Así, el propósito de la revista se inscribía en un trabajo de revisión crítica del pasado.
En sus once números cuatrimestrales y tres anuarios, han escrito periodistas e investigadores vinculados a diversas disciplinas y ámbitos de la producción intelectual. Entre sus entrevistados se cuentan ex militantes y protagonistas de la historia reciente de Argentina y también de Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, México, Centroamérica y Chile. Los temas trabajados cubren amplios y diversos campos, desde las primeras formaciones revolucionarias de comienzos de los sesenta, a las experiencias de lucha guerrillera y de organización sindical, incluyendo la discusión teórica sobre la violencia y la política, la memoria y la historia, así como la revisión del tratamiento de estos temas en la literatura y el cine. Los géneros utilizados han sido igualmente diversos: artículos de investigación, ensayos, crónicas y entrevistas, frecuentemente acompañados de material documental como publicaciones partidarias, declaraciones y fotografías.
Los textos presentados en esta edición forman parte de esa producción y permiten revisar distintos momentos de un prolongado debate que en Argentina ha convocado a numerosas y diversas voces y que se ha caracterizado por la amplitud de su circulación en el espacio público.
Más allá de las diferencias históricas, su lectura en Chile contribuye a la reflexión sobre nuestros propios procesos, focos de interés y formas de aproximación a estas temáticas, permitiendo contrastar las discusiones y los vínculos que se establecen con el presente desde el vasto campo de la política, la historia y la memoria del pasado reciente en nuestros países.
Los artículos seleccionados en esta edición abordan problemas escasamente trabajados en Chile. En estos y otros trabajos, Lucha armada en la Argentina da cuenta de esa izquierda que numerosos estudios en América Latina han omitido como protagonista y a la cual se han referido sólo como “vanguardias alejadas de los trabajadores” o, como “víctimas” de los procesos represivos dictatoriales de las últimas décadas del siglo XX, sin iniciativa ni proyecto político.[1] Omisión coincidente con la verdadera desaparición del concepto de revolución en la historiografía y en las ciencias sociales, no sólo en nuestros países sino también a escala global.[2]
El proceso que en Argentina dio lugar a estas elaboraciones no estuvo exento de dificultades e inicialmente se dio fuera de las fronteras del país. En uno de los artículos incluido en esta edición, Horacio Tarcus destaca el desafío que implicó “abrir el techo” de una discusión que había permanecido circunscrita a la autocrítica en torno a la militarización y al aparatismo de las organizaciones revolucionarias, a la pérdida de contacto con las masas y a una “indebida valoración de las consignas y valores democráticos”, dejando de lado cuestiones tan sustantivas como el carácter de la derrota sufrida, y la relación entre política, ética y violencia. Este debate fue resistido y su necesidad ignorada por distintos actores políticos e intelectuales quienes, en su momento, la consideraron como una problemática “inapropiada, mal formulada o incluso peligrosa”.
¿Existe un “techo” para el debate en chile?
Ante la comparación inevitable entre la producción intelectual trasandina sobre estos temas, y la generada en nuestro país cabe preguntar: ¿existe un “techo” en Chile para la reflexión sobre la historia reciente?, ¿hay temas que se consideran inapropiados, complejos o superfluos?, ¿cuál es el estado de esta discusión? Anterior a estas interrogantes, parece necesario preguntar también ¿cuál es el volumen de la investigación y la producción editorial sobre el pasado reciente en Chile?
Un indicador relevante sobre este tema lo proporciona el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt). La revisión de los proyectos financiados durante los últimos cinco años, en disciplinas relacionadas[3] con los temas que nos ocupan, muestra que sólo 39 de ellos, un poco más del 3 por ciento, corresponde a trabajos vinculados con el pasado reciente.[4]
En cuanto a la producción editorial, según información estadística de la agencia chilena del International Standard Book Number (ISBN), esta ha venido aumentando de manera más o menos constante, especialmente en algunas coyunturas como el año 2003, cuando se conmemoraron tres décadas desde el golpe de estado.[5] Considerando el período comprendido entre los años 2000 y 2012, el número total de títulos registrados pasó de 2.420 a 6.045[6], crecimiento que, no obstante, va a la zaga de otros países de la región. Argentina, por ejemplo, llegó a los 31.600 títulos en 2011, registrando un aumento de un 19,6 por ciento respecto del año anterior[7], Uruguay, con sólo 3 millones de habitantes, cuenta con 2.000 títulos inscritos, y Ecuador con una población de 7 millones registró 3.600 títulos.[8]
Al analizar la distribución temática de la producción bibliográfica nacional vemos que, del total editado durante esos doce años, 1.570 títulos corresponden a categorías relacionadas con historia de Chile, ciencias sociales y humanidades.[9] De ese listado, sólo 236 títulos abordan temas relacionados con la memoria, la historia y la política recientes lo cual equivale a un 15 por ciento de esas categorías y a un 0,47 por ciento de la producción total.
Aun cuando entre las tesis recientes de pre y postgrado es posible encontrar un renovado interés por estas temáticas, la generación de conocimiento en torno a ellas todavía es escasa y, en ocasiones, demasiado especializada como para circular más allá de la academia y contribuir a un debate ampliado en el espacio público.
Así, el balance resultante es más bien magro y un primer límite podría estar dado por el volumen de la investigación y la producción editorial relacionada con el pasado reciente. Ello podría explicar, parcialmente, su escasa diversidad y la ausencia de trabajos sobre las prácticas de la izquierda revolucionaria, la relación entre política y violencia, o la experiencia del gobierno de la Unidad Popular, sólo por mencionar algunas.
Volviendo sobre nuestras interrogantes iniciales: ¿a qué se debe este panorama?, ¿por qué hay tantos temas de esa historia que aún no han sido objeto de estudio? Según Ricardo Foster, en referencia a Argentina, pero también aplicable a Chile, “algunos de los intelectuales que en los años setenta contribuyeron a la densa trama de las políticas revolucionarias, en los ochenta descubrieron, con igual fervor y obsecuencia, las panaceas del orden democrático y la necesidad de adaptarse a las exigencias inexorables del mercado mundial”.[10]
Pero las limitaciones de ese debate no están dadas sólo por el transformismo de las elites políticas e intelectuales. Desde la historia algunos señalan también, como dificultad, la escasez de fuentes y archivos, a pesar de que aún sobreviven numerosos testigos y protagonistas de los hechos quienes son sujetos de memoria y constituyen, al mismo tiempo, fuentes para la investigación.
Otros, aluden a la complejidad de abordar una realidad que continúa siendo parte del tiempo presente, respecto de la cual no es posible establecer la distancia que requeriría la elaboración histórica. También se ha señalado la dificultad social para procesar el pasado, producto del trauma provocado por la experiencia de la dictadura y la represión, lo cual estaría limitando la demanda social de conocimiento y de elaboración sobre el pasado.
Por último, también hay quienes piensan que los apoyos y financiamientos para la investigación en torno a estos temas son más difíciles de obtener, a diferencia de otras temáticas ya validadas. Independientemente de si esa creencia tiene o no algún asidero en la realidad, ella igualmente puede estar actuando como un elemento disuasivo.
Este último problema está relacionado con un factor de gran relevancia en el escenario descrito: la influencia de la ciencia económica vinculada al neoliberalismo que, constituyendo una ideología, se presenta como una teoría científica fundamentada. Esta ha logrado penetrar en las universidades, en los centros de investigación, en la dirección y administración del estado y en la sociedad en general, conformando un cierto sentido común fundado en los valores y en las creencias neoliberales.
Según el sociólogo Augusto Varas, durante los 20 años concertacionistas “una cultura tecnocrática dominada por el pensamiento economicista neoclásico, centrada en logros de corto alcance (…) penetró al conjunto de las ciencias sociales”.[11]
A juicio de Varas hubo “desconsideración y falta de apoyo gubernamental al desarrollo de unas ciencias sociales autónomas, pensadas como bien colectivo”. Frente a las universidades estatales no se impulsó una política proactiva de fortalecimiento, y “tuvieron que operar en niveles de sobrevivencia o adaptarse a un funcionamiento de mercado”.[12] El trabajo académico y la investigación quedaron a merced de este, encargado ahora de proveer expertos. El resultado —concluye Varas— fue un “déficit intelectual” que se ha ido profundizando en el tiempo.
Postdictadura y régimen de memoria
Con toda seguridad, en la situación descrita hay más de un factor en juego. El predominio neoliberal se relaciona con procesos y tendencias globales, pero también con las características del período abierto con el término de las dictaduras en nuestros países. En Chile, este estuvo determinado por el carácter pactado de la transición y por los acuerdos construidos, con posterioridad al Plebiscito de 1988, entre la Concertación y el régimen derrotado, primero, y entre la Concertación en el gobierno y la derecha en la oposición, después. En Argentina –solo por mencionar la diferencia más evidente— los militares y sectores que los respaldaron, no sólo experimentaron una derrota política sino también militar a raíz de la fallida incursión a las islas Malvinas, y el proceso de transición posterior no se construyó sobre los amarres y acuerdos característicos de la postdictadura chilena.
Como es sabido, dichos acuerdos incluyeron la mantención de las bases del modelo económico y de la Constitución promulgada bajo dictadura, en el año 1980. El principio que primó fue asegurar la gobernabilidad antes que la profundización democrática. De allí la opción por la política de los consensos con la oposición de derecha, impulsada por la Concertación en el gobierno, desde 1990, e incluso antes.
En ese contexto, la persistencia de visiones contrapuestas respecto al pasado fue vista, por quienes condujeron el proceso, como una fuente de conflicto a regular en un presente dominado por el imperativo de la “reconciliación”, la otra cara del consenso que se buscaba construir. Así, se dejaron de lado los compromisos contraídos al término de la dictadura en materia de violaciones a los derechos humanos, y la fórmula de mayor continuidad bajo los cuatro gobiernos de la Concertación fue “verdad y justicia en la medida de lo posible”.
La postergación indefinida de esos compromisos fue exitosa para el oficialismo en un triple sentido: “acotó las diferencias al interior de la élite política, desactivó los componentes subjetivos de la memoria y proscribió de facto el pasado como tema de la conversación social”.[13]
Ya en 1990, el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación –que significativamente omitió el concepto de “justicia” en su denominación— había anticipado cuáles serían los énfasis del consenso en construcción. El documento delimitó el universo de las víctimas sólo a quienes habían sufrido las formas más extremas de represión, como la muerte y la desaparición forzada. Sólo 14 años después, producto de las demandas y movilización de las organizaciones de ex prisioneros políticos, se constituyó la primera Comisión investigadora sobre la prisión política y la tortura.[14] El discurso presidencial “No hay mañana sin ayer” anunció su creación, pero lejos de ser una apertura a la comprensión del pasado, como parecía prometer su título, fue más bien un nuevo intento de regulación del conflicto y de las demandas.[15]
Esta reducción del universo de los “afectados” se verificó en paralelo con la constitución de la categoría de “víctima” como un individuo “marcado” por la experiencia represiva, hacia quien debía dirigirse la reparación como el centro del proceso de reconciliación.[16] Ese encuadramiento de los efectos del terrorismo de estado oscureció su verdadero alcance e impacto en el conjunto de la sociedad al situar el problema en el ámbito de los derechos individuales, olvidando que el objetivo de la represión no fue la eliminación de los individuos aislados, sino la destrucción de sus vínculos sociales y políticos, propósito tras el cual había una racionalidad política: imponer la transformación de la economía, el estado y la sociedad.
Junto con desplazar la atención de los objetivos y consecuencias de 17 años de dictadura, se naturalizaron las formas de continuidad en el presente, entre ellas, la persistencia de la justicia militar y de la legislación antiterrorista, la criminalización de los movimientos sociales, la ocupación de los territorios mapuche y la continua violación de sus derechos individuales y colectivos.[17]
Este marco contribuyó a la conformación de un régimen de memoria, entendido como “relación y acción pública sobre el pasado”, según lo define Hugo Vezzetti en el artículo que hemos incluido en esta edición. O como una “política más o menos explícita, esto es el marco de poder dentro del cual (o contra el cual) la sociedad elabora sus memorias y olvidos”.[18]
Instalado en los primeros años de la postdictadura, dicho régimen se caracterizó por una doble reducción de la memoria: en su alcance temporal, limitado al período comprendido entre 1973 y 1990 (el mandato de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación); y en la amplitud y diversidad de lo memorable, circunscrito a las violaciones a los derechos humanos en dictadura y a sus efectos en el universo de las víctimas definido por las distintas comisiones investigadoras. Ese paradigma es la base de la narrativa del Museo de la memoria y los derechos humanos, creado durante el gobierno de Bachelet.
Pero ese régimen no se ha construido sin resistencias. A su paso ha encontrado discursos y prácticas que han intentado historizar el pasado reciente, interrogar el discurso de los derechos humanos de validez universal, o cuestionar la memoria oficial del consenso y la reconciliación para preguntar por la relación de ese tiempo con nuestro presente.
Esa resistencia ha sido sostenida por diversos actores, en distintos lugares y a través de prolongados procesos. Sin ninguna pretensión de exhaustividad, en el ámbito de la producción intelectual se puede mencionar a Nelly Richard, quien realiza una “crítica negativa” de la memoria oficial y de las expresiones acríticas de la épica militante.[19] Desde la historia, María Angélica Illanes ha propuesto adentrarse en la “memoria de la política”, retomando la hebra histórica de los proyectos inconclusos.[20] Aunque circunscrito a la “memoria social” de la “baja sociedad civil” que excluye la “tradición política de la izquierda”, Gabriel Salazar ha trabajado los conflictos de las memorias en pugna.[21] Mario Garcés, también desde la historia, ha investigado la memoria popular del mundo poblacional.[22] Los Manifiestos, suscritos por historiadores y otros intelectuales, dieron curso a diversas polémicas, el primero en 1999, en respuesta a la carta de Augusto Pinochet a los chilenos, escrita mientras permanecía detenido en Londres; el segundo, en 2004 con ocasión de la publicación del informe de la primera Comisión investigadora sobre prisión política y tortura, y el tercero en 2007 luego de la muerte de Augusto Pinochet.[23]
Instituciones como la ONG Eco Educación y comunicaciones han desplegado, incluso bajo la dictadura, un trabajo que reconoce en la memoria un “campo de producción de sentidos, que favorece el desarrollo de las identidades populares así como sus proyectos de desarrollo y cambio social”.[24]
Las organizaciones de derechos humanos han sostenido una persistente y obstinada demanda por verdad y justicia, relevando en los últimos años la preocupación por la recuperación del pasado reciente. Sin embargo, esta ha estado más asociada a un esfuerzo reivindicativo antes que a un trabajo de reflexión e interrogación crítica de ese tiempo, muchas veces mistificado.
Desde el ámbito de los trabajos de la memoria, la experiencia de Londres 38, ex centro de detención, ha perfilado una posición crítica respecto de la lógica dominante del consenso y la reconciliación, ampliando el alcance temporal de la memoria a las experiencias previas y posteriores a la dictadura, para recuperar de manera reflexiva los proyectos y experiencias históricas transformadoras, e identificar las continuidades en el presente.[25]
Las masivas movilizaciones sociales de los años 2011 y 2012, constituyeron, también, un particular ejercicio de memoria —que sorprendiendo a muchos— puso de manifiesto ante la sociedad las herencias de la dictadura y su permanencia en las estructuras actuales.[26] Sus demandas apuntaban al desmontaje del modelo y a la recuperación del piso de derechos previos al golpe, entre ellos, la gratuidad universal en educación y la soberanía sobre los recursos básicos. Empeño en el cual , además, contaron con un significativo apoyo.[27]
Estas luchas afirmaron que el cambio no sólo era necesario sino también posible, y contribuyeron a visibilizar aquellas experiencias, proyectos y sujetos aparentemente olvidados, estableciendo nuevos vínculos entre las luchas actuales y los proyectos derrotados del pasado que pugnaban por construir, desde abajo, nuevas formas de organización de la sociedad y de la política.
“Fuera de campo”
El panorama descrito muestra la existencia de distintas miradas sobre el pasado reciente, así como el carácter polémico de la memoria y las batallas libradas en el presente. No hay una memoria que nos una y nos reconcilie. Debido a ello, esta puede y debe ser objeto de la crítica y el análisis reflexivo, y no sólo del gesto conmemorativo. Al igual que la historia.
Por eso, también es pertinente interrogar la investigación sobre el pasado reciente en torno a la existencia de temas, e incluso períodos, que después de varias décadas, aún no han sido objeto de estudio y parecen verdaderos puntos ciegos de la mirada histórica. Un ejemplo de ello lo encontramos en el ya citado Tercer Manifiesto de historiadores. La dictadura militar y el juicio de la historia, en uno de cuyos primeros párrafos se afirma:
“Si se observa el comportamiento mayoritario de la ciudadanía chilena en las últimas décadas, queda a la vista el perfil del “juicio histórico” que ella misma ha estado desarrollando, fase a fase, desde 1983” (el destacado es nuestro). La primera de ellas era: “a) resistencia civil activa contra la dictadura militar, la que se expresó en las 22 jornadas nacionales de protesta que estallaron entre 1983 y 1987, las cuales aumentaron su radicalidad a contrapelo de la agudización correlativa de la violencia represora.”[28]
Llama la atención el hito temporal señalado como inicio del desarrollo del “juicio histórico de la ciudadanía”: 1983, diez años después del golpe de estado ¿Qué significa este hito tan tardío?, ¿significa que antes de 1983 no hubo eventos y procesos significativos de resistencia?, si es así, ¿de dónde surgieron las protestas? Y, sobre todo, ¿qué lugar tienen en esta periodización la movilización sindical en contra del Plan Laboral[29] de fines de los setenta, las marchas del hambre de 1982?, o ¿las diversas formas de lucha desplegadas por el movimiento de defensa de los derechos humanos desde 1974?, ¿la reorganización de los partidos?, ¿el despliegue de diversas formas de lucha armada a partir de 1977? sólo por mencionar algunos. ¿No fueron estas las primeras expresiones de un “juicio histórico”?
Entre las respuestas a estas interrogantes hay un criterio de exclusión que desconocemos, un marco que delimita las “fases” señaladas y define lo que se considera parte del “juicio histórico”. Ese ejercicio de encuadre y enfoque resulta similar al realizado al momento de capturar una imagen fotográfica. Fue Sigfried Kracauer quien, a propósito de los modos de escritura de la historia, propuso una analogía similar para aludir a lo que consideraba una afinidad entre la realidad histórica y la revelada por los medios fotográficos y cinematográficos.
Esa afinidad puede ser explicada a través de dos proposiciones. Una de ellas es la “antinomia de primer plano y del plano general”, la cual se comprende al observar la ampliación de una fotografía, un proceso que “va revelando historias, capas de sentido, no solo diferentes sino incluso divergentes, diferencias surgidas, entre otros factores, de la presencia del testigo observador”.[30] En el primer plano no sólo vemos una parte, un detalle no percibido con anterioridad en el plano general, sino otra imagen. Incluso, en el caso de la ampliación, aparece una completamente diferente que la trama ampliada vuelve borrosa, abstracta e irreconocible. Esta paradoja, llevada al ámbito del conocimiento del pasado, constituiría para Kracauer un problema epistemológico expresado en la tensión entre las escalas micro y macro histórica.
La segunda proposición se refiere al “exterior del archivo en tanto fuera de campo fotográfico”. Fotografía y documento están marcados por lo fragmentario, “por el sello de lo incompleto”. La fotografía, debido al encuadre óptico que la convierte en un recorte de lo real y a la relación de tensión con aquello que el ojo detrás de la cámara ha dejado fuera, es decir su fuera de campo. El documento, también es fragmento a causa de su relación con el universo histórico, con aquella exterioridad de la cual es sólo una parte, un recorte, o más precisamente en palabras de Kracauer, una “huella desgarrada de su origen”.[31]
De manera análoga al documento, el trabajo historiográfico siempre supone un fuera de campo que no es objeto de atención, justamente por estar en esa situación de exterioridad. El trabajo de Kracauer nos invita a pensar en ese encuadre: no sólo en el contenido al interior del campo, sino en aquello que está fuera y, sobre todo, en las opciones que establecen los límites entre uno y otro.
Sería de interés indagar en aquello que forma parte del fuera de campo, así como de los planos generales de la historia reciente de nuestro país. Hacer explícitos estos encuadres constitutivos de lo pensable, lo memorable: el objeto del trabajo historiográfico y del trabajo de la memoria. Preguntarnos también por su necesidad o sentidos. Hacer de esto que no es objeto de discusión, un tema. De paso, ello puede estimular la pregunta por aquello que está afuera o en otros planos, para indagar por ejemplo sobre los sujetos, discursos, prácticas y experiencias aún invisibles.
Historia y memoria en Lucha armada
Varios de los trabajos incluidos en esta edición abordan esta compleja relación. En su artículo “La memoria de los historiadores”, Federico Lorenz se pregunta: ¿es posible disociar la condición de sujetos sociales del papel profesional?, ¿qué consecuencias tiene el trabajo del historiador en la discusión pública? Y también, ¿qué consecuencias queremos que tenga? Como el historiador es una de las voces acerca del pasado y la historia es una forma de apropiación del pasado, a juicio de Lorenz, esta puede actualizar su relación de retroalimentación con la memoria.
“La historia no sólo diseca mitos, sino que puede aportar elementos para reforzar o traer a la luz causas, hechos y actores olvidados o extintos. La labor del historiador tanto cuestiona como afirma, mata como crea, y en eso consiste, también, la politicidad de nuestra profesión”, afirma Lorenz. Siendo un trabajo por definición selectivo, pone en evidencia su “contribución” y su “deuda” en relación con una memoria futura y otra presente. Desde un punto de vista político sería entonces necesario “tener presente que ignorar esa responsabilidad es dejar un lugar vacante en la discusión social”, en la cual la práctica profesional de los historiadores “no evita el sesgo, sino que da rigor y autoridad a un enfoque particular”.
También, en el cruce de memoria e historia se pueden originar trabajos sorprendentes como el de Gustavo Plis-Sterenberg –también incluido en esta selección— quien, sin experiencia previa en el oficio, realizó una exhaustiva investigación, buscando explicar “por qué jóvenes estudiantes, profesionales y trabajadores tomaron un arma y asaltaron un cuartel. Deseaba explicar lo que era la militancia”. Para ello, Plis-Sterenberg se apoyó en su condición de testigo de los hechos y en su proximidad política a los actores. El resultado fue Monte Chingolo: la mayor batalla de la guerrilla argentina, trabajo sobre el cual reflexiona en la entrevista con Sergio Bufano y Gabriel Rot, profundizando en las biografías de algunos de los combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), participantes en esa acción.
En varios de los trabajos incluidos en esta publicación, y en particular en “Antiguos y nuevos sentidos de la política y la violencia” de Pilar Calveiro, encontramos la noción de memoria como un ejercicio político, no como mera repetición, ni sólo como ejercicio teórico. Para esta autora, este trabajo implica una responsabilidad: “la de hacer de la experiencia algo transmisible”, la cual puede y debe ser mirada con el rigor analítico necesario para recuperar los sentidos de ese tiempo. Para ello es necesario tender los “puentes” que vinculan aquella forma de entender la política con las prácticas actuales, “para iluminar una con la otra, para descifrar el pasado desde miradas renovadas por una experiencia más amplia”.
En ese sentido, agrega Calveiro, “así como la memoria pugnó por la ‘reaparición’ de los desaparecidos, exigiendo su inscripción en la historia, en la sociedad y en el derecho, la memoria política podría apostar a hacer reaparecer a la política extraviada desde hace demasiado tiempo; una política en el sentido fuerte y resistente del término, como desafío para inventar un mundo común”.
Historicidad de la memoria
“Conflictos de la memoria en la Argentina” de Hugo Vezzetti es un estudio histórico sobre cómo, en la posdictadura argentina, se han sucedido distintas formas de apropiación del pasado reciente y diferentes regímenes de la memoria, entendidos como “relación y acción pública sobre el pasado”.
En el período anterior a la dictadura predominaba una identificación ‘positiva’ con héroes y gestas individuales o colectivas, no se hablaba de memoria de derechos sino de experiencias de lucha y resistencia. Luego, la historia de masacres, exterminios y la de los desaparecidos instaló en el centro de la memoria la figura de la víctima que dio origen al ‘nunca más’ que Vezzetti define como rechazo y negación. El juicio positivo, en tanto, ha estado asociado a las luchas posteriores, o contemporáneas a las de las víctimas: las luchas por los derechos humanos.
Con la incursión a las Malvinas irrumpió la “memoria patriótica” y el Informe Nunca más consagró la noción de los “dos demonios”. Al término de la dictadura, la memoria no sólo se vinculó a la demanda de justicia, también encontró eco en la opinión pública, en los medios y en la producción intelectual que se resistía a una narración única. Así, afirma Vezzetti, circularon permanentemente las temáticas de la justicia, los derechos humanos y los efectos del terrorismo de estado.
Las transformaciones de los distintos ‘estratos’ de la memoria “han dependido de acciones públicas, de prácticas sociales, de decisiones de grupos y del estado que han fortalecido una acción y una voluntad de implantación política, de imposición”. Vezzetti describe incluso como ‘violencia simbólica’ la persistencia de las organizaciones de familiares, o de los actores vinculados al estado como los fiscales responsables de los procesos, especialmente los más emblemáticos.
La memoria sobre la dictadura nació con un ‘carácter defensivo’ pero luego adquirió un sentido político e ideológico más explícito, que incluyó los debates sobre la construcción democrática en el presente. Como consecuencia de esa politización “la mirada sobre el pasado se ha extendido a un ciclo histórico más largo, en particular, hacia los años setenta”. Para Vezzetti, esa ampliación de la mirada está asociada a “una voluntad de conocimiento y a una interrogación de las responsabilidades”.
Política, violencia, ética y derrota
En el artículo de Lila Pastoriza se aborda el tema de la traición. Entendida como una amplia gama de conductas, incluida la entrega forzada de información bajo tortura, esta adquirió cierta centralidad para algunas organizaciones, o sectores de ellas, que la han considerado como una de las causas de la derrota, desconociendo, o subvalorando, otros factores históricos, sociales y políticos.
Casos como el del dirigente montonero Roberto Quieto, analizado por Pastoriza, suelen ser explicados como resultado de las ‘debilidades’ individuales, sean estas ideológicas, sicológicas, físicas o morales. Las ‘debilidades’ colectivas, en tanto, quedan circunscritas a ciertas fallas en los procedimientos, dispositivos y formas de organización, o a errores en el ámbito de la ‘seguridad’, es decir, a problemas de orden técnico. De esa manera, la conducta individual es separada del ámbito al cual pertenece, en este caso la lucha política y situaciones extremas como la tortura, para dejarla en el espacio de la pura voluntad individual.
Pastoriza muestra cómo, al indagar en estas zonas omitidas, se abren también otras historias y otras formas de comprensión de esas experiencias.[33] Porque las disputas por la memoria se dan también al interior de los propios campos en pugna y en todos ellos surgen formas de control de las versiones legítimas del pasado. De allí la necesidad de interrogar ese tiempo, de indagar en sus conflictos y polémicas para evitar la simplificación, la unilateralidad y la mistificación.
La violencia política es otro de los temas que merecería ser objeto de la reflexión y discusión académica pero también del interés público, por su relevancia en el presente, y no sólo en el tiempo de la dictadura y las organizaciones armadas.
En Argentina, una versión ampliada de esta polémica fue detonada, a fines de 2004, por la publicación en la revista La Intemperie de una entrevista a Héctor Jouvé, ex miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), quien relató la ejecución de dos militantes, por sus propios compañeros, mientras intentaban instalar un foco guerrillero en Salta, a principios de los años sesenta. A raíz de esa entrevista, el filósofo cordobés y ex militante, Oscar Del Barco publicó una carta titulada “No matarás”, en la misma revista. A partir de ese momento, relata Horacio Tarcus, se generó “un debate ético-político que hace muchos años amenazaba con emerger, pero que finalmente lograba ser acallado” y del cual da cuenta en su artículo “Notas para una crítica de la razón instrumental” incluido en esta edición.
A juicio de Tarcus, esa controversia puso de relieve el carácter de la derrota. Esta no sólo fue política, también fue una “derrota ética” debido a la contradicción entre medios y fines. Se trataría de avanzar en “el sentido de una crítica de la concepción instrumental de la política y del poder”. No para caer en la condena abstracta y facilista a la violencia “venga de donde venga”, ya que el problema no es saber si se acepta o se rechaza sino, si la violencia con la cual se pacta es ‘progresista’ y tiende a suprimirse o, si tiende a perpetuarse”. Citando a Merleau-Ponty, Tarcus agrega que esta debería ser situada “en la lógica de una situación, en la dinámica de un régimen, en la totalidad histórica a la cual pertenece”. Y si, como señalara Carlos Brocato, “la violencia se legitima históricamente por la intervención de las masas” y se justifica éticamente por “la inevitabilidad defensiva de las muertes que produce”, la guerrilla argentina no pasó por ninguna de ambas pruebas.
En una perspectiva similar, para Calveiro la violencia no es ajena a la política, pero es importante la distinción entre aquella que busca mantener el monopolio de la fuerza y la que resiste, para ponerle fin y abrir otras vías a la política como lo muestran algunas experiencias de los nuevos movimientos, entre ellos el zapatismo en México.
Para Tarcus no se trata sólo de establecer donde termina la violencia legítima y comienza la ilegítima. “También se trata de saber quién la determina, cuál es el sujeto que decide ese límite: ¿las masas a través de organismos de autodeliberación o las vanguardias armadas por su propia cuenta y riesgo, interpretando un ‘reclamo’ de las masas? ¿o esperando su ‘aprobación’ después de los hechos?”.[34]
La crítica al momento de la violencia revolucionaria permitiría, a juicio de Tarcus, la recuperación y afirmación del humanismo. Pero este sería distinto al del pasado puesto que “ha perdido la inocencia”. Si antes ese humanismo conocía lo enunciado por Marx: “el arma de la crítica no puede reemplazar la crítica de las armas, y la fuerza material debe ser derrocada por una fuerza material”35 ahora también sabe que “la proposición inversa no es menos cierta: la crítica de las armas no puede reemplazar las armas de la crítica”.
Por su parte, Pablo Pozzi, en su artículo “Para continuar con la polémica sobre la lucha armada”, también aporta elementos a este debate. Coincidiendo en el diagnóstico sobre el insuficiente conocimiento y comprensión de las organizaciones armadas, su significado, y la sociedad en la cual surgió, Pozzi cuestiona ciertos “lugares comunes” que, a su juicio, han mermado la polémica. Uno de ellos es la idea según la cual “la violencia política emergió en la Argentina con la guerrilla”, olvidando la “violación permanente a la voluntad popular” que ha marcado la historia argentina. Basándose en esta experiencia histórica, quienes tuvieron la convicción de que “la vía pacífica al socialismo era una utopía irrealizable” optaron por la violencia como uno de los medios necesarios, entre otros.
Pero para Pozzi, esta no fue la característica principal de estos actores, ya que “la lucha armada era considerada una de las vías para la toma del poder y la transformación revolucionaria y socialista de la sociedad (…). Los que critican a la guerrilla por ‘violenta’ realmente la están criticando por haber sido revolucionaria y haberse constituido en una alternativa real de poder”.
Situarse en el período analizado es fundamental para entender las opciones de unos y otros, por eso Pozzi insiste en la necesidad de revisar los conceptos en uso en la época, a la luz de ese tiempo, y no de las ideas hegemónicas en el presente. En ese marco, no es que las organizaciones revolucionarias no valoraran la democracia, sino que el concepto de democracia reivindicado se identificaba con la “voluntad popular” y no con la institucionalidad. A juicio de Pozzi, el sistema existente en la época, “el parlamentarismo capitalista era, en el mejor de los casos, una democracia restringida. En cambio la democracia guerrillera se asentaba en la movilización popular, y se concretaba en la conformación de formas de organización con características de poder dual: comisiones villeras, agrupaciones sindicales y estudiantiles, comités de base y un sinfín de otras formas que permitían plantear la conformación de un poder popular genuinamente democrático”.
Clasismo revolucionario
Por último, en el trabajo “Tras las huellas del ‘clasismo’: el sindicalismo de base revolucionario en Argentina”, Sebastián Etchemendy da cuenta de un conjunto de experiencias y procesos distintos de las expresiones mayoritarias ligadas al sindicalismo populista o corporativo, más jerárquico y autoritario, promotor de la “armonía de clase”. En el texto está la pregunta sobre las condiciones que favorecieron el desarrollo del sindicalismo clasista, así como su duración y presencia en el territorio, indagando también en su relación con las organizaciones de la izquierda revolucionaria y con la lucha armada en general.
Esta expresión del sindicalismo es caracterizada por Etchemendy como singular e inédita en la historia argentina. Surgido a fines de los años sesenta fue un liderazgo que “ponía énfasis en la autonomía y en el asambleísmo de base, sumados a las prácticas y contenidos ideológicos afines a la izquierda revolucionaria”. Aunque la mayoría de sus líderes no tenían militancia social ni política anterior, se fueron radicalizando y politizando en virtud de las demandas y las formas de acción directa impulsadas por el movimiento hasta llegar al Viborazo, o “segundo Cordobazo”[36] de marzo de 1971, el cual, a diferencia del Cordobazo, tuvo ingredientes marcadamente anticapitalistas y revolucionarios.
Si en esos momentos el clasismo impactó más allá de las fábricas, se debió también al apoyo del movimiento estudiantil y de otras organizaciones sociales y de la izquierda, las que, en conjunto, convirtieron las demandas sectoriales en masivas protestas en pos de transformaciones de fondo.
Las “coordinadoras fabriles” fueron una expresión del clasismo, “un movimiento sindical inter-planta de base” que realizaba plenarios generales por fuera de los sindicatos verticales. En junio y julio de 1975, las coordinadoras alcanzaron su punto más alto de desarrollo impulsando diversas formas de acción directa en contra de la restricción salarial, principalmente, en la zona norte del Gran Buenos Aires. A juicio de Etchemendy, en estos procesos, “la izquierda revolucionaria parece haber tenido, no obstante su fragmentación, un peso mayor en la organización del movimiento en esta zona”.
Sobre esa relación entre la guerrilla y el movimiento popular, Pozzi plantea que aquella no supo leer adecuadamente los niveles de conciencia alcanzados por la población. Aún cuando existían altos niveles de masividad y combatividad, ello no necesariamente tenía un correlato en los niveles de conciencia revolucionaria de los sectores movilizados. Estos no habrían entendido –como la vanguardia revolucionaria— que el problema era el sistema capitalista, y aunque estaban dispuestos a movilizarse por reformas al interior de este, ello no significaba que apoyarían la revolución. Así, cuando los sectores reformistas y los revolucionarios coincidieron, “el resultado fueron poderosas movilizaciones populares. Cuando no coincidieron (…) estas movilizaciones se hicieron en pos de las reformas y no de la revolución. Y cuando la contradicción entre ambas se hizo aguda (…) frente a la represión, el pueblo se retiró dejando a los revolucionarios solos”. El aislamiento resultante podría ayudar a entender cómo “organizaciones grandes y poderosas desaparecieron en un año y medio de represión intensa”.
Pozzi aclara y es enfático en afirmar que “no se derrotaron sino que los derrotaron. La guerrilla cometió numerosos errores, pero la represión le impidió la posibilidad de visualizarlos en profundidad y corregirlos”. Con una penetración cada vez mayor en la clase obrera y los sectores movilizados, por primera vez en la historia argentina se intentó construir una alternativa de poder revolucionario. Según Pozzi, esta “amenaza” constituiría la principal razón de la intervención militar. Sin embargo, a pesar de esa fortaleza, las organizaciones guerrilleras no lograron “consolidar una estructura de militantes formados (…). La derrota fue humana, militar, política pero, por sobre todas las cosas, ideológica. Como producto de la derrota, durante la década de los ochenta muchos de los sobrevivientes se alejaron del socialismo y la revolución para adoptar posturas cada vez más nacionalistas y reformistas. Y en general estos son los que han tenido la posibilidad de escribir la historia”.
La inquietud de las elites
Que en el caso de Chile esa derrota también fue ideológica queda demostrado en el dominio casi sin contrapeso del pensamiento neoliberal y en la naturalización del orden impuesto en dictadura. Sólo dos décadas después del término de esta, el ciclo de luchas abierto en 2011 puso en cuestión esa hegemonía. Uno de los síntomas más evidentes de ello es la comprensión cada vez más extendida sobre la imposibilidad de todo cambio sin movilización. En una encuesta del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (cide), a los actores del sistema educativo, un 57,5 por ciento de los estudiantes consultados cree indispensable que “los estudiantes vuelvan a movilizarse para que se produzcan cambios reales a nivel de la educación superior”[37], los cuales, según el juicio mayoritario, no se han verificado aún.
Los sectores dominantes también visualizan esa nueva actitud. A comienzos de 2013, en su página editorial, el diario de derecha El Mercurio, afirmaba: “el panorama político que comienza a delinearse en Chile resulta inquietante”, muchos “han empezado a recurrir al fácil expediente de las posturas refundacionales, que incluyen una nueva Constitución, la demonización del lucro (…) y el cuestionamiento de la actuación de los agentes privados en gran parte de las actividades económicas nacionales”. Todo lo cual estaría “minando las bases de la legitimidad”, e ignorando las “consecuencias de seguir un curso que desmantela los consensos”.
La actual impugnación del orden moviliza la memoria del editorialista mercurial y, a continuación, le hace recordar otros momentos históricos de cuestionamiento a la dominación desde sus bases: “Esa misma lógica y voluntarismo arrastró a la izquierda chilena a un callejón sin salida que terminó con el desmoronamiento de nuestra democracia hace casi 40 años” . Para enfrentar este estado de cosas, el gobierno de derecha ha dado respuestas represivas, pero también populistas, el mundo empresarial, preocupado por la situación, ha promovido sus propias iniciativas políticas y ‘técnicas’ , y la elite ha convertido las demandas de los movimientos sociales en ofertas de tiempo electoral.
Desde los movimientos populares diversas iniciativas y prácticas buscan aprovechar esa fisura abierta para construir y fortalecer una alternativa de cambio y transformación social, para profundizar y ampliar los procesos en curso. En el marco de esos esfuerzos preguntarnos ¿qué queremos recordar del pasado reciente?, es un gesto político, como lo es revisitar aquellos momentos de nuestra historia en los que otro sujetos también lucharon por construir, desde abajo, nuevas formas de organización de la política y de la vida en común.
1. Pablo Pozzi y Claudio Pérez, Historia oral e historia política. Izquierda y lucha armada en América Latina 1960-1990, Lom, Santiago, 2012, p. 10.
2. Enzo Traverso, Aletheia. Volumen 1, número 2. Mayo de 2011. ISNN: 1853-3701.
3. Entre ellas: antropología y arqueología; arquitectura, urbanismo y geografía; ciencias jurídicas; educación; filosofía; historia; lingüística y literatura; psicología; sociología. Conicyt, 26.02.13
4. Para los fines de esta indagación se estableció como límite del “pasado reciente” los últimos 50 años y no se incluyeron las publicaciones seriadas que recogen parte de la producción académica.
5. En esa oportunidad hubo un aumento del 20,6% de la producción editorial total, el cual en los años anteriores y posteriores oscilaba entre 5 y 14%. Informe estadístico 2012. Agencia chilena ISBN. Consultado en abril de 2012 en: http://camaradelibro.cl.
6. Ibíd.
7. Cedem et al., Producción y comercialización editorial en Argentina, Informe n°1, agosto 2012. Consultado en mayo de 2013 en: http://www.buenosaires.gob.ar/
8. Pedro P. Guerrero, El Mercurio, 22.03.2013, citado por Cámara chilena del libro. Consultado en mayo de 2013 en: http://camaradelibro.cl
9. Las categorías utilizadas por ISBN son: Historia de Chile, Participación social, Cambio social, Conflicto, Ciencia política, Instituciones políticas, Ideologías políticas, Relación del estado con grupos organizados, Ciudadanía y temas relacionados, Derechos políticos y sociales, Proceso político. ISBN, op.cit.
10. Foster, Ricardo, “Los usos de la memoria”, en Crítica y sospecha. Los claroscuros de la cultura moderna, Buenos Aires, Paidós, 2003.
11. Augusto Varas, “Del Éxito al Fracaso Concertacionista. El gobierno de Michelle Bachelet y la derrota electoral 2010”, en Análisis y propuestas, 04.10, Fundación Friedrich Ebert, Santiago 2010, p.12. Consultado en mayo de 2013 en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/07583.pdf
12. Ibíd.
13. Norbert Lechner, Pedro Güell, Construcción social de las memorias en la transición chilena, en La caja de Pandora, Santiago,1999; pág. 193.
14. Otros grupos como los exiliados y exonerados por razones políticas también recibieron algunos beneficios, entre ellos ciertas facilidades para la reinserción en Chile y pensiones mínimas.
15. Ricardo Lagos, discurso transmitido a través de cadena nacional, disponible en marzo de 2013 en: http://www.lanacion.cl/no-hay-manana-sin-ayer/noticias/2003-08-12/212921.html. En esa ocasión se anunció como reparación una pensión “simbólica y austera”, obviando que toda reparación suele ser inseparable de la justicia.
16. Marisela Montenegro e Isabel Piper, “Reconciliación y construcción de la categoría víctima: Implicaciones para la acción política en Chile”, en Revista de Psicología, Santiago, Universidad de Chile, 2009, consulta-do en marzo 2013 en: http://www.revistaterapiaocupacional.uchile.cl/index.php/rdp/article/viewArticle/17126
17. Ver informes anuales de Amnistía Internacional, Comisión Ética contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
18. Norbert Lechner, Pedro Güell, op. cit., pág.4.
19. Crítica de la memoria, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2010.
20. La batalla de la memoria, Planeta, Santiago, 2002.
21. “Memoria, hermenéutica y movimiento de la ‘baja sociedad civil’ (Chile sobre el 2000)”, en Myriam Olguin (editora), Memoria para un nuevo siglo, Santiago, Lom, 2000.
22. Mario Garcés y Sebastián Leiva, El golpe en La Legua, Lom, Santiago, 2005.
23. Manifiesto de historiadores, 1999, consultado en marzo de 2013 en: http://www.archivochile.com/Ceme/recup_memoria/cemememo0003.pdf. Contra los que torturan en nombre de la patria, 2004, consultado en marzo de 2013 en: http://www.ongeco.cl/publicaciones; y La dictadura militar y el juicio de la historia, 2007, consultado en marzo de 2013 en: http://www.uchile.cl/noticias/40867
24. ONG Eco Educación y Comunicaciones. Disponible en marzo de 2013 en: http://www.ongeco.cl/area-de-trabajo/memoria-e-historia-local/
25. Este enfoque está expresado en el Manifiesto 40 años de luchas y resistencia y en Marco ético, histórico y político, entre otros textos. Consultado en marzo de 2013 en: http://www.londres38.cl/1937/w3-article-93464.html.
26. Una de las consignas levantadas durante estas movilizaciones fue “Desvestimos esta democracia para combatir una dictadura” (lienzo instalado en el frontis de la casa central de la Universidad de Chile “tomada” por los estudiantes). Otra, desplegada en la marcha del 11 de septiembre de 2011 llamaba a “Avanzar 40 años atrás”.
27. Si damos algún crédito a las encuestas, estas mostraron que un 89 por ciento de las personas consultadas respaldaba sus demandas. CERC, Barómetro de la política, agosto 2011, consultado en marzo de 2013 en: www.cerc.cl
28. Varios firmantes, Tercer Manifiesto de Historiadores; pág. 2. Texto consultado en febrero de 2013 en: http://www.uchile.cl/noticias/40867/historiadores-presentan-manifiesto-sobre-juicio-a-la-dictadura-militar
29. El Plan laboral fue la legislación impuesta en dictadura por el entonces Ministro del Trabajo, José Piñera. Esta eliminó derechos conquistados por los trabajadores a lo largo del siglo XX, entre ellos, el derecho a huelga y a negociación colectiva, bases de la extrema precariedad actual del empleo y de la organización sindical.
30. El autor ilustra esta idea a través de la película Blow up, basada en el cuento Las babas del diablo de Julio Cortázar. Philippe Despoix, “¿Una historia otra? (Re)leer historia. Las últimas cosas antes de las últimas”, en Carlos Eduardo Machado Vedado et al., Sigfried Kracauer. Un pensador más allá de las fronteras, Buenos Aires, Editorial Gorla, 2010; pp. 75-78.
31. Ibíd., pág. 77
32. Tal como sucede con otros temas sobre el período, este también ha sido escasamente trabajado en Chile. Dos artículos recientes son: Cristián Mallol, “Renacer en la agonía. De la sobrevida a la vida”, en Estudios Públicos núm.115, Santiago, 2009; y, Olga Ruiz, “Disciplina y desacato: mandatos militantes y traición en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile”, 2013. Consultado en: http://nuevomundo.revues.org/64899
33. Para Hanna Arendt “los hombres aislados, carentes del apoyo de otros, nunca tienen el poder suficiente para emplear con éxito la violencia”. Sistemas tan despóticos como el esclavista, afirma, “no se basaban en medios superiores de coerción como tal, sino en la organización superior del poder; esto es, en la solidaridad organizada de los amos”. Hanna Arendt, Sobre la violencia, Ed. Joaquín Mortiz, México, 1970; p. 47.
34. En palabras de Marx, citadas por Tarcus de: Karl Marx, Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, Buenos Aires, Ediciones Nuevas, 1968, p. 30-31.
35. En marzo de 1971, los trabajadores y estu-diantes de Córdoba to-maron el control parcial de la ciudad en protesta por la designación de José Camilo Uriburu como interventor de la provincia, bajo el gobierno militar del general Roberto Marcelo Levingston. Los actores movilizados denominaron a este levantamiento como “Viborazo”, tomando las palabras del interventor quien en un discurso había afirmado que en la ciudad anidaba “una venenosa serpiente” cuya cabeza prometía cortar. El Cordobazo había sido una gran rebelión sindical que estalló en mayo de 1969.
36. Presentación de resultados de encuesta CIDE. Consultado en mayo de 2013 en: http://mailing.uahurtado.cl/cuaderno_educacion_50/pdf/Presentacion_resulta-dos_Encuesta_cide.pdf